Empleo y sector público ante su gran encrucijada: la selección masiva

Nos encontramos en un momento histórico para el empleo público sin precedentes en nuestro país. Son múltiples y variadas las ofertas públicas de empleo al abrigo del plan de estabilización que se aprobó años atrás para el conjunto de administración del estado.

Por tanto, creemos que es una oportunidad única para incorporar avances y mejoras en el proceso de selección y evaluación de acceso a la administración, respetando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como los recogidos en el Estatuto Básico del Empleado público de publicidad, transparencia, imparcialidad, independencia y discrecionalidad técnica, adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones y agilidad sin perjuicio de la objetividad del proceso de selección.

Claves para la selección masiva en el sector público

Consideramos que los avances deben no solo respetar tales principios sino afianzarlos y asegurarlos más si cabe. Entendemos que estas son las 5 líneas de maestras que deben seguir estas administraciones públicas.

Mejorar la marca de empleador.

Esto es, la mejora en el sistema de información y comunicación con el público objetivo. Tal y como observamos en https://administracion.gob.es/ la información sobre los puestos, sus funciones, el funcionamiento del proceso es genérico, poco claro y confuso para el ciudadano de a pie. Y poco atractivo para los profesionales que deben decidir entre orientarse a la empresa privada o decidir trabajar en el sector público.

Mejorar en la inscripción e información al candidato / opositor.

El proceso de inscripción por firma electrónica invita a muchos usuarios a optar por el registro presencial. Asimismo, las comunicaciones se realizan en un marco de comunicación poco amigable para el candidato. Elaboración de entornos web´s y apps de consulta amigables, sencillas y dinámica hace que la experiencia del candidato sea de mayor agilidad y trasmite una imagen de modernidad en línea con lo esperado en las administraciones públicas.

Modernización y adecuación de los sistemas de evaluación.

Consideramos que es el momento de incluir sistemas más acordes a las funciones requeridas por los puestos de trabajo. Al igual que se realiza en la administración especial del estado, donde ya se incluyen pruebas psicotécnicas, dinámicas de grupo y entrevistas por competencias profesionales, esto debería extenderse a toda la administración general. Por ejemplo, está demostrado que la incorporación de evaluación psicológica en los procesos de selección masiva en el sector público sanitario, cuando la forma jurídica de la organización admite la contratación laboral y por tanto este tipo de instrumentos, aumenta la adecuación y por tanto la calidad del capital humano seleccionado

Potenciar el control y custodia del proceso de evaluación / aplicación de pruebas escritas. 

La digitalización y el avance en los dispositivos electrónicos hace que la aplicación de cualquier prueba suponga una labor más compleja y con más riesgo. Establecer mecanismos de custodia, control de acceso, vigilancia, recogida, corrección y protocolización de cada paso del proceso limita estos riesgos y asegura la igualdad de oportunidades para todos los participantes. Asimismo, trasmite imagen de seriedad y legalidad propio del sector público. 

Profesionalización de los tribunales.

Consideramos necesario otorgar un carácter profesional y ajeno a la estructura pública de los tribunales, siendo las personas responsables de pertenecer a ellos, profesionales de la selección de personas y no asociados a la actividad propia de la administración que lleva a cabo el proceso selectivo. Asimismo, debería limitarse el acceso en sí a las pruebas de evaluación que se apliquen, siendo garantes del desarrollo del proceso, pero no de los instrumentos en sí. Está demostrado que incluir profesionales de la selección en los tribunales asegura el cumplimiento de los principios fundamentales citados anteriormente.  En definitiva, consideramos oportunos que las administraciones públicas y empresas públicas deberían apoyarse en mayor medida por profesionales especialistas en selección de personal que ayuden a mejorar la cadena de valor del proceso selección, la experiencia del candidato y la fiabilidad del proceso selectivo en sí y con ello asegurar los principios rectores del acceso al empleo público.